Los municipios mineros y petroleros quedarían condenados a la quiebra con el acto legislativo 13

Los municipios mineros y petroleros quedarían condenados a la quiebra con el acto legislativo 13

Roberto Schmalbach Cruz, Bucaramanga, octubre 24 de 2010

Enorme contradicción. Los municipios y departamentos que producen riqueza para el país están condenadas a la quiebra, miseria y algunos a desaparecer completamente gracias al proyecto de Acto Legislativo 13 del gobierno Santos, que les quita a los entes territoriales los recursos con los que intentan resolver la atención en salud, educación y saneamiento básico, que son lo mínimo que debe tener una población.

“Las regalías no son un regalo”, dijo el gobernador Horacio Serpa en la marcha contra el recorte de estos recursos para el departamento y los municipios productores y tiene razón. La Unión Sindical Obrera califica como “raponazo” el Acto Legislativo de Santos y tiene razón. Los alcaldes de Puerto Wilches, Sabana de Torres, El Carmen, Yondó, Cantagallo, Puerto Parra, Barrancabermeja y la alcaldesa de San Vicente de Chucurí entre muchísimos mandatarios más hacen cuentas, dicen que “si ahora no alcanza, con el recorte nos quebramos”, y tienen razón pues el presupuesto de sus municipios depende de eso que les quieren quitar.

Saquen cuentas ustedes: el 33% del presupuesto de Barrancabermeja viene de las regalías, el 53% del de Puerto Wilches también, para Sabana de Torres es el 57% y San Vicente el 60%. Estos municipios y cualquier otro que explote minerales no se caracterizan por ser los menos pobres del país o en el que sus habitantes vivan en las mejores condiciones, al contrario, por la presión que significa la migración atraída por la explotación de sus recursos naturales hay más demanda de infraestructura de servicios públicos y atención de necesidades básicas insatisfechas y eso aumenta su miseria y pobreza.

Además de la gran cantidad de nuevos habitantes que atraen las zonas de explotación minera, esas regiones sufren por la explotación de sus recursos naturales grandes daños ambientales de las que nunca se recuperan totalmente, como la desaparición de fuentes de agua, la contaminación de las fuentes que no desaparecieron, el deterioro del aire que respiran y la destrucción de tierras, más la violencia de todo tipo que llega a sacar tajada del dinero circulante.

Y con todo lo mencionado, el Gobierno Nacional cree que no es equitativo que las regiones productoras reciban lo que actualmente les corresponde. Para el Gobierno Nacional es equitativo que estas regiones reciban menos y que además sus alcaldes y gobernadores se conviertan en una especie de tramitadores de recursos ante los ordenadores del gasto nacional para que les den prioridad en la asignación de dineros. Poniendo la situación en imágenes, háganse a la idea de que nuestros alcaldes y gobernadores tendrán que rogar bastante para que les den recursos para educación, salud y saneamiento básico ¡Imaginen a la alcaldesa de San Vicente de Chucurí o un alcalde de los municipios a los que les van a quitar los ingresos que hoy reciben por regalías pidiendo que les aprueben un proyecto mientras que a las transnacionales se les otorgan inmensas exenciones tributarias sin contemplación!

La marcha del 21 de octubre pasado fue una clara manifestación de indignación contra el raponazo que el gobierno de la “Unidad Nacional” pretende contra las regiones productoras de recursos naturales no renovables.

Que sectores tan disímiles como la Cámara de Comercio, la CUT, las Alcaldías, los Concejos Municipales, la Asamblea Departamental, la Gobernación, las Iglesias Católicas y Cristianas, los comuneros y la Juntas de Acción Comunales, la USO, los gremios y las comunidades, el Magisterio, los partidos políticos y los estudiantes hayan concordado en la necesidad de protestar es una clara demostración de rechazo a este proyecto.

Que los parlamentarios de Santander y de estos departamentos no salgan con excusas inadmisibles para justificar lo injustificable.

TOMADO  www.moir.org.co