El paro cívico en la Guajira: una gran lección de unidad


El paro cívico en la Guajira: una gran lección de unidad

Felipe Rodríguez Rodríguez, Riohacha, junio 1º de 2011

En un gran éxito se constituyó el paro cívico en La Guajira, realizado el pasado 26 de mayo. El titular de un periódico local lo refleja al decir que “se paralizó el 98% de la economía del departamento sin romper un vidrio”.
Desde comienzo del mes de octubre se inició la estructuración del Comité Cívico Departamental en Defensa de las Regalías, a instancia de Sintracarbon, la Asociación de Educadores de la Guajira, ASODEGUA, la CUT-Guajira, Reclame Guajira, el Centro de Estudios del Carbón, capitulo Guajira, el representante a la cámara por el Partido Liberal Jimmy Sierra Palacio y los diputados conservadores Deimer Marín, Rosa Pacheco, la diputada del partido Verde Isabel López y Jary Fuminaya de la U y otros dirigentes políticos y cívicos.
A partir, del 23 de octubre, por resolución de la Asamblea Departamental, se inicia la constitución de los distintos comités municipales. El gobierno de Santos, haciendo valer su naturaleza marrullera y cínica, monta el debate sobre las regalías, como un pleito entre “los corruptos” de los municipios y los departamentos que reciben regalías directas, donde se explotan los minerales, y “los honrados” del gobierno nacional, que quieren definir qué hacer con esas platas. Esto confundió no solo a amplios sectores del pueblo, sino también a algunos directivos sindicales, estudiantes universitarios y alguna dirigencia de la izquierda democrática, que no aceptaba alianzas con la clase política tradicional del departamento y los municipios.
Frente a esa situación se inició de manera intensiva un proceso de pedagogía política, consistente en desnudar las verdaderas razones que le asisten al gobierno central para modificar el régimen de regalías. El gobierno las necesita para enjugar su déficit fiscal y efectuar gastos de responsabilidad nacional a los que llamará regionales.
El argumento de mayor peso para dar claridad a los sectores confundidos fue el del reparto de la renta petrolera, que incluye regalías, impuestos y ganancias: a las trasnacionales les toca el 58%, al gobierno nacional el 34.46% y a las regiones productoras, que cargan con los enormes daños ambientales y sociales propios del negocio, apenas el 7.54 %. En este proceso visitamos los colegios, la universidad, las rancherías indígenas, hicimos reuniones con los gremios y con los distintos candidatos a las alcaldías municipales y a la gobernación. Igualmente, reunimos a los alcaldes, en fin, adelantamos un sinnúmero de actividades de clarificación.
El 21 de octubre, en el marco de un foro organizado por la Cámara de Comercio de La Guajira, el deslenguado presidente del Cerrejón, León Teicher, arremetió contra la clase política del departamento, al hablar de “robo” y que “los recursos se pierden en el camino”. Inmediatamente, el gobernador Jorge Pérez Bernier le replicó afirmando que “Nosotros venimos trabajando de forma seria” y “además tenemos todos los organismos de control fiscal y disciplinario encima”. Todos los meses tenemos que atender y rendir cuentas de lo que hacemos con la plata de las regalías a los organismos de control y de Planeación Nacional, que también vienen a verificar y controlar en que se han invertido esos recursos”. Fue así como la clase política empezó también a involucrarse en la lucha.
Unas tres mil personas recorrieron las principales calles de Riohacha, el 9 de noviembre, encabezadas por el Gobernador Jorge Pérez, el alcalde de Riohacha Jaider Curiel, los parlamentarios, los diputados, los alcaldes de Hato Nuevo, San Juan y Maicao, los candidatos a la Gobernación y en fin, el grueso de la dirigencia tradicional del departamento. Se hicieron también presentes la clase obrera, representada por los afiliados a Sintracarbon, los maestros, los indígenas y los estudiantes universitarios y de secundaria.
El Cerrejón, del consorcio compuesto por AngloAmerican, BHP Billiton y Xstrata, tiene 5.116 trabajadores con vinculación directa y 5.225 tercerizados, a los cuales se les prohíbe afiliarse al sindicato. El consorcio es indolente frente a la seguridad industrial, indolente con las enfermedades profesionales, con los enfermos y con los trabajadores que se accidentan. Este consorcio trasnacional adelanta un hostigamiento sistemático contra las comunidades que viven cerca de la mina, consistente en la compra inicial de las tierras productivas de cada región, encerrando a cada población y acabando con las fuentes de trabajo. Además, la contaminación del medio ambiente y de fuentes de agua y de comida para el ganado produce efectos sumamente adversos, a corto o largo plazo, para la salud de las poblaciones vecinas.
A finales del marzo, el Cerrejón comienza a socializar su proyecto de expansión, mediante el cual pretende llevar la producción a 60 millones de toneladas. Dicho proyecto incluye el desvío del río Ranchería en 26,2 kilómetros, ya que debajo del lecho del rio existen 700 millones de toneladas de carbón de la mejor calidad.
El 1° de abril se realizó la gira del senador Robledo por los municipios carboníferos, con el fin de poner de nuevo al orden del día el tema de las regalías. En el marco de esta gira se hizo una reunión con la Asociación de Cabildos Indígenas del Sur de la Guajira, AACIWASU, y con la Federación de Comunidades de La Guajira. Robledo les aclaró cómo las regalías indirectas, que van al resto del país a través del Fondo Nacional de Regalías, son controladas por Planeación Nacional y destinadas a cubrir los gastos del gobierno central y que en el proyecto de Acto Legislativo, un grueso porcentaje quedará congelado en un fondo en el exterior.
De otra parte, en abril, la multinacional brasilera MPX inicia la socialización de su proyecto, el cual incluye la explotación de carbón a cielo abierto, similar a la del Cerrejón, en un área de 65.000 hectáreas concesionadas, en el corregimiento de Cañaverales, en jurisdicción de San Juan del Cesar y en Papayal, zona rural de Barrancas. Simultáneamente, construirá un puerto para embarque del mineral en el municipio de Dibulla, al norte del Departamento.
Por la importancia que reviste para las comunidades el río Ranchería y el Manantial de Cañaverales y por el desastre ecológico y ambiental que causarán a nuestro a medio ambiente, a los ecosistemas, a la fauna, a la flora y a la vida de todos los habitantes, se genera un profundo malestar en distintos sectores sociales, en los obreros, en los estudiantes, en las comunidades indígenas y afro y en la clase política, que había sido tildada por el presidente de Cerrejón de corrupta y ratera.
La dirección del Comité Cívico Departamental entendió que la tarea principal era conjugar toda esa gama de fuerzas, independientemente de credos políticos y de diferencias locales. Se requería una alta dosis de claridad y flexibilidad y métodos adecuados lograr unir en la pelea frente a las multinacionales a sectores sociales con intereses tan distintos.
Aprovechando ese haz de contradicciones, unificamos la bandera de la lucha contra el acto legislativo 013. Propusimos entonces un paro cívico departamental, para el día 26 de mayo, con tres objetivos: 1. El rechazo al acto legislativo 013, que pretende raponearles a los departamentos y municipios productores el manejo autónomo de los recursos de regalías y concentrarlo en el gobierno de Juan Manuel Santos, 2. En defensa del río Ranchería y del manantial de agua dulce de Cañaverales, en el municipio de San Juan del Cesar, amenazados por las multinacionales del Cerrejón y MPX, 3. Por la reivindicación de los territorios de las comunidades indígenas y afro aledañas a los complejos carboníferos.
El paro cívico se realizo en 12 municipios, de los 15, con bloqueos en 22 sitios, con parálisis de las actividades institucionales, comerciales, de transportes y productivas del complejo carbonífero del Cerrejón y el departamento, y con una alta participación en los bloqueos y las marchas de los obreros, indígenas, maestros, campesinos, estudiantes, dirigencia política y cívica, organizaciones sociales, comerciantes, transportadores, concejales, ediles, candidatos a la gobernación, a la alcaldía y a los concejos municipales, en fin, de todas las fuerzas vivas de los municipios y del departamento.
Pasado el exitoso paro, el Comité Cívico y los Comités Municipales de paro, se declaran en asamblea permanente, para por un lado, fortalecer organizativamente los comités y por otro, acometer la tarea profundizar en el proceso pedagógico de explicación de lo que significan las regalías y llevar adelante la organización de un paro cívicoindefinido.

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